Los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP-ENSI) dieron un paso más en su reclamo por el futuro del complejo ubicado en el centro neuquino. Desde este miércoles, iniciarán un plan de lucha que incluirá paros sorpresivos, asambleas permanentes, movilizaciones internas y un quite de colaboración que afectará directamente las actividades operativas. La decisión fue consensuada por ATE Senillosa, Arroyito y El Chocón, y refleja la creciente preocupación por la falta de certezas respecto a la reactivación de la PIAP, una demanda que ya acumula años sin respuestas concretas.
El anuncio llega en un contexto en el que los trabajadores insisten en que la planta, vital para el desarrollo energético nacional, atraviesa un deterioro que no puede profundizarse. Piden garantías de continuidad laboral, inversiones en tecnología e infraestructura, y un plan claro para volver a poner en marcha la producción de agua pesada, un insumo fundamental para las centrales nucleares argentinas.
Una demanda que se repite: “Sin reactivación, no hay futuro”
Según explicaron desde el gremio, el núcleo del conflicto no se limita a mejoras internas, sino a la definición política del Gobierno nacional respecto del rol de la PIAP dentro del esquema energético. En la actualidad, la planta opera con baja actividad y proyectos suspendidos, lo que para los trabajadores se traduce en riesgo de pérdida de capacidades técnicas acumuladas durante décadas.
“Defendemos nuestros puestos de trabajo, pero también defendemos a la industria nacional. La reactivación de la PIAP no puede seguir postergada”, señaló el secretario general de ATE en la seccional. El dirigente advirtió que la falta de inversión genera incertidumbre y afecta las condiciones de seguridad dentro del predio, un aspecto especialmente delicado tratándose de una instalación estratégica.
Las medidas de fuerza serán progresivas y no se descarta que se amplíen si continúan sin recibir respuestas del Estado Nacional, principal responsable del complejo.
Un conflicto con historia en la principal planta nuclear del país
La tensión en la PIAP no es nueva. La planta tuvo momentos de alta actividad cuando Argentina avanzaba en proyectos como la central de Atucha II y distintas iniciativas de exportación. Sin embargo, en los últimos años se acumularon dificultades operativas, reducción de personal y atrasos en los pagos que derivaron en reiteradas protestas.
En 2022, una de las manifestaciones más importantes incluyó 48 horas de huelga y cortes internos, reclamando salarios acordes al sector energético y decisiones que aseguraran el funcionamiento de la planta a mediano plazo. Aunque se lograron compromisos, los trabajadores señalan que no se concretaron avances reales.
Hoy, el malestar renueva la pregunta de fondo: ¿qué lugar tendrá la PIAP en los próximos planes del país? Para los empleados, la respuesta es determinante no solo para sus fuentes de trabajo, sino para el futuro del programa nuclear argentino.
Expectativa y presión sobre la agenda nacional
Mientras avanzan las asambleas permanentes dentro del complejo industrial, el gremio dejó en claro que cualquier instancia de diálogo deberá traducirse en hechos y no quedarse en promesas. De momento, no está prevista una intervención directa de Nación en el conflicto.
Así, el reclamo en la PIAP se convierte nuevamente en una señal de alerta sobre una infraestructura estratégica que, según sostienen sus trabajadores, no puede ni debe quedar a la deriva.
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