El Senado de la Nación protagonizó este jueves un episodio político de alto impacto al revertir el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Con 59 votos afirmativos, la Cámara Alta superó holgadamente los dos tercios requeridos y obligó al Poder Ejecutivo a aplicar una norma que garantiza recursos para las casas de altos estudios.
Entre esos votos se destacaron los tres senadores de Neuquén: Lucila Crexell, Oscar Parrili y Silvia Sapag, quienes más allá de pertenecer a espacios políticos distintos, coincidieron en rechazar la decisión del presidente Javier Milei y en respaldar la previsibilidad presupuestaria para el sistema universitario.
La sesión dejó en claro que, al menos en este punto, la política neuquina encontró un denominador común en defensa de la educación superior pública.
El voto afirmativo de Crexell (Juntos por el Cambio), Parrili (Unidad Ciudadana) y Sapag (Unidad Ciudadana) fue leído en el recinto como una muestra de respaldo a las universidades frente al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La convergencia entre legisladores neuquinos de distintos bloques también funcionó como un mensaje hacia adentro de la provincia, donde la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la recientemente creada Universidad Nacional del Neuquén (UNNe) atraviesan dificultades financieras.
La aprobación implica la actualización de partidas presupuestarias que, según cálculos de la oposición, representan unos 1.059 millones de pesos, equivalentes al 0,14% del PBI. Desde el oficialismo, en cambio, sostuvieron que el impacto real sería mayor, cercano a los 1.500 millones. Más allá de la discusión técnica, el resultado de la votación otorgó certidumbre a un sector que venía reclamando fondos para sostener el funcionamiento académico y las actividades de investigación.
Para la comunidad educativa neuquina, la ratificación de la norma llega en un momento clave. La UNCo, con sedes en varias localidades de la provincia y una matrícula de miles de estudiantes, había advertido sobre la necesidad de previsibilidad en el financiamiento para poder mantener su oferta académica. En paralelo, la flamante UNNe requiere de recursos adicionales para consolidar su estructura y garantizar la puesta en marcha de nuevas carreras.
El gesto político de los senadores fue valorado como un espaldarazo a estas instituciones y, al mismo tiempo, como un límite al Poder Ejecutivo nacional en su intento de reducir la inversión en educación superior.
La votación en el Senado también refuerza el camino trazado semanas atrás por la Cámara de Diputados, que había tomado la misma decisión de insistir con la ley pese al veto presidencial. Con esta definición en ambas cámaras, la norma quedó firme y de aplicación obligatoria.
Más allá de la contundencia legislativa, el debate en torno al financiamiento universitario abre un nuevo capítulo en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. La tensión entre la necesidad de ajuste fiscal que promueve Milei y la defensa de áreas consideradas estratégicas por la oposición, como la educación pública, promete seguir presente en la agenda política nacional.
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