El Gobierno Nacional volvió a mover su agenda desreguladora y esta vez el turno fue para la educación privada.
A través del Decreto 787/2025, el presidente Javier Milei derogó una norma que regía desde hace más de tres décadas —el Decreto 2417/93, firmado por Carlos Menem y Domingo Cavallo— y que establecía pautas de control e información sobre los aranceles de los colegios privados.
La decisión elimina la obligación que tenían las instituciones de informar antes del 31 de octubre el valor de las matrículas y cuotas del año siguiente a las familias y, antes del 30 de noviembre, a las autoridades educativas.
A partir de ahora, los colegios podrán actualizar sus tarifas sin autorización estatal ni anticipación previa, lo que podría derivar en subas sorpresivas de cara al ciclo lectivo 2026.
El argumento oficial: “menos burocracia, más libertad”
El decreto firmado por Milei sostiene que estas obligaciones “creaban incertidumbre económica para los institutos” y que la autorización previa del Estado “forzaba a las escuelas a fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a no poder cubrir sus costos”.
En ese sentido, el Ejecutivo consideró “contraproducentes” las regulaciones establecidas en los años noventa y defendió la medida como parte de la política de “liberación de precios y desregulación del sector educativo privado”.
La decisión alcanza a unas 2.000 escuelas sin aportes estatales, que representan el 6% del total del sistema de educación privada del país. Las instituciones con subsidios seguirán sujetas a las normas que fijan los ministerios de Educación provinciales y el nacional.
Qué decía el decreto derogado
El texto de 1993, impulsado durante el menemismo, buscaba “resguardar los derechos de los padres” ante eventuales aumentos imprevistos en los aranceles escolares. Establecía un control preventivo del Estado sobre los valores que los institutos privados podían cobrar por matrícula y cuota mensual, con la intención de evitar abusos y garantizar previsibilidad a las familias.
Con su eliminación, el Gobierno rompe con ese esquema de control y deja que el precio de la educación privada quede determinado exclusivamente por el mercado.
Educación en modo libre mercado
La derogación del decreto 2417/93 marca otro capítulo en la política libertaria de desregulación total. En los hechos, significa trasladar al mercado la fijación del precio de la educación privada, en un contexto de salarios en baja y paritarias estancadas.
Con este movimiento, Milei avanza un paso más en su lógica de “Estado mínimo”, mientras los padres de alumnos de escuelas privadas ya anticipan una pregunta central para los próximos meses: ¿cuánto costará la educación en 2026?
Comentarios