El Gobierno de Javier Milei volvió a mostrar su rostro más insensible, esta vez con los vecinos de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por la trágica inundación del pasado 7 de marzo. El presidente vetó por completo la Ley de Emergencia que había sido aprobada por el Congreso a comienzos de mayo y que contemplaba asistencia directa para las familias damnificadas.
La norma, ahora anulada mediante el Decreto 424/25, declaraba la emergencia y situación de catástrofe por 180 días en ambas ciudades del sur bonaerense. Además, creaba un fondo especial de 200 mil millones de pesos para atender las necesidades urgentes generadas por las lluvias récord que anegaron barrios enteros.
El veto y sus argumentos
El texto publicado este martes en el Boletín Oficial sostiene que la ayuda ya se está implementando a través del Decreto 238/25, firmado previamente por el Ejecutivo.
Según el gobierno, esta disposición ya dispuso un fondo de asistencia de la misma magnitud, aunque solo destinado a Bahía Blanca, dejando fuera a los vecinos de Coronel Rosales.
De acuerdo a los números oficiales, más de 32 mil personas en Bahía Blanca ya recibieron el pago de un suplemento económico, mientras que otras 3.962 solicitudes se encuentran en evaluación.
Más allá de esa asistencia parcial, el gobierno de Milei volvió a esgrimir el argumento ya repetido en otros vetos, como el del financiamiento universitario o el de la nueva fórmula jubilatoria: la falta de respaldo presupuestario.
“El proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen”, justificaron desde Casa Rosada.
La respuesta, otra vez, es ajuste
El veto deja en evidencia la decisión del oficialismo de no acompañar con recursos federales a las provincias ante emergencias climáticas o sociales, reforzando su estrategia de ajuste fiscal a rajatabla.
Aunque se reconoce el drama vivido por miles de familias del sur bonaerense, el Gobierno optó por dejar sin efecto una ley nacional votada por amplia mayoría en el Congreso.
En Coronel Rosales, donde la ayuda del decreto presidencial nunca llegó, el impacto del veto se siente aún más fuerte.
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