El gobernador Rolando Figueroa promulgó la Ley Provincial 3531/25, una norma inédita en Neuquén que establece controles toxicológicos obligatorios y sorpresivos para todos los funcionarios públicos. La medida, aprobada con amplia mayoría en la Legislatura, apunta a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones mediante una política de transparencia activa y ejemplaridad en el ejercicio del poder.
En un contexto en el que la sociedad exige mayor ética y responsabilidad de sus representantes, la iniciativa del Ejecutivo neuquino busca instalar un estándar de conducta que atraviese a todos los niveles del Estado. “Quienes tenemos cargos de alta responsabilidad debemos predicar con el ejemplo”, expresó Figueroa tras firmar la promulgación, destacando que fue el primero en someterse al narcotest, cuyo resultado fue negativo.
La nueva ley alcanza a autoridades de los tres poderes del Estado: el gobernador, el vicegobernador, ministros, secretarios, diputados, jueces, fiscales, defensores, intendentes, concejales y directivos de organismos estatales. Todos ellos deberán someterse a exámenes toxicológicos de forma obligatoria y aleatoria.
Uno de los aspectos centrales de la normativa es que la negativa injustificada a realizar el control será considerada equivalente a un resultado positivo, una disposición que busca evitar interpretaciones o dilaciones administrativas. La implementación estará a cargo de una Comisión Evaluadora Interpoderes, compuesta por representantes técnicos de los tres poderes del Estado, con autonomía y capacidad de fiscalización sobre los procedimientos.
La ley también prevé la creación de un registro interno confidencial, destinado a documentar los controles y resultados. Este registro tendrá carácter reservado, con el objetivo de garantizar la trazabilidad y la protección de los datos personales de los funcionarios sometidos al examen.
En el plano institucional, la medida coloca a Neuquén entre las primeras provincias del país en contar con un sistema formal y permanente de monitoreo toxicológico en la función pública, una práctica que en otras jurisdicciones aún se discute en términos de alcance, confidencialidad y aplicación.
Con la promulgación de esta ley, el gobierno provincial busca abrir una nueva etapa en la relación entre los funcionarios y la ciudadanía. La transparencia, entendida no sólo como acceso a la información sino también como responsabilidad personal y sanitaria de quienes ocupan cargos de poder, se convierte en una herramienta más para fortalecer la legitimidad institucional.
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