Neuquén está a punto de dar un paso inédito en materia de control institucional: el miércoles 3 de septiembre la Legislatura tratará un proyecto de ley que obligará a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado a realizarse exámenes toxicológicos. La iniciativa, que surgió de la unificación de varias propuestas previas, ya cuenta con los votos necesarios para convertirse en ley.
La llamada “Ley de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos” establece que tanto el acceso como la permanencia en los cargos estarán condicionados a estos controles. El objetivo declarado es garantizar transparencia, ética e idoneidad en el ejercicio de la función pública, alejando a los representantes estatales de cualquier vínculo con el narcotráfico o con el consumo problemático de sustancias prohibidas.
El texto precisa que los análisis buscarán detectar metabolitos de distintas drogas: opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos. También deja la puerta abierta a incluir otras sustancias psicoactivas que la ciencia identifique en el futuro.
Los exámenes estarán a cargo del Ministerio de Salud de la provincia y consistirán en la toma de una muestra biológica para su análisis en laboratorio. La frecuencia mínima será de una vez por año y, en caso de negativa injustificada, se considerará como resultado positivo.
La norma subraya que se consideran sustancias prohibidas aquellas que no estén prescriptas por un profesional de la salud y que alteren el sistema nervioso central, afectando el pensamiento, las emociones o el comportamiento de la persona sometida a control.
¿Quiénes estarán obligados a testearse?
El listado de cargos alcanzados es amplio: gobernador y vicegobernador, jefe de Gabinete, ministros, secretarios, fiscal de Estado y asesor general de Gobierno. También incluye a diputados provinciales, jueces del Tribunal Superior de Justicia, fiscales, defensores, consejeros de la Magistratura, intendentes y concejales.
La obligación se extiende a directivos de organismos autárquicos y descentralizados, empresas estatales y sociedades donde la provincia tenga participación mayoritaria. En la práctica, toda la cúpula política e institucional neuquina quedará bajo el régimen de controles periódicos.
Un proyecto con historia previa
La discusión sobre la necesidad de testear a funcionarios no es nueva en Neuquén. En la Legislatura coexistían al menos tres iniciativas. Una había sido presentada en octubre pasado por el empresario de medios Carlos Eguía. Otra, en marzo de este año, por el diputado del PRO Marcelo Bermúdez junto a Mercedes Tulian y Damián Canuto. La tercera llevaba la firma de Francisco Lepore (Avanzar Neuquén) y Claudio Domínguez (MPN).
Finalmente, se logró unificar criterios y dar forma a un solo proyecto, que ahora atraviesa su tramo final en comisiones. Todo indica que obtendrá despacho favorable en Asuntos Constitucionales y Presupuesto, para llegar al recinto con el consenso de los principales bloques.
De aprobarse, la ley pondrá a Neuquén en la lista de provincias que avanzan en controles de este tipo. Más allá de los debates de fondo sobre la medida, el dato político es claro: los funcionarios neuquinos deberán demostrar, al menos una vez al año, que están libres de drogas prohibidas para continuar en sus cargos.
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