El control toxicológico obligatorio para los funcionarios públicos de Neuquén podría dar un gran paso esta semana, cuando la comisión de Desarrollo Humano de la Legislatura discuta y apruebe el despacho de un proyecto que establece la obligatoriedad de los narcotest para acceder y permanecer en los cargos. La iniciativa, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, busca ser un complemento a la lucha contra el narcomenudeo en la provincia. Sin embargo, aún existen puntos clave sin consenso, entre ellos, la periodicidad de los exámenes, quién asumirá el costo y si un resultado positivo será causal de remoción de cargo.
La propuesta, que abarca a una amplia gama de funcionarios, incluye no solo al gabinete provincial, sino también a jueces, fiscales, presidentes de entes y hasta al fiscal de Estado. La intención es aplicar controles aleatorios y obligatorios durante el año, con especial foco en los funcionarios que desempeñan roles sensibles, como los policías encargados de investigar el narcomenudeo. Esta medida responde al compromiso del gobernador Figueroa de ser "coherentes con la lucha contra las drogas", expresada en su discurso de apertura de sesiones de este año.
En el último borrador del proyecto, que compila varias iniciativas presentadas por ambos sectores, se especifica que los exámenes deberán detectar sustancias psicoactivas no prescriptas médicamente. La lista de sustancias incluye alcohol, cannabis, cocaína, fentanilo, alucinógenos, heroína y ketamina. A pesar de que esta enumeración fue planteada en el borrador, aún no hay consenso sobre si se mantendrá en el proyecto final. La decisión sobre qué sustancias serán consideradas ilegales y a qué frecuencia se realizarán los controles se mantiene en pie de disputa.
El debate sobre la periodicidad y el costo
Uno de los puntos más discutidos es la periodicidad de los controles. En el borrador actual, se establece que, tras la sanción de la ley, todos los funcionarios actuales deberán someterse a un primer examen. A partir de ahí, se contempla un sistema aleatorio de exámenes durante el año. Además, algunos grupos presionan para que ciertos funcionarios, como los que trabajan en la investigación de narcomenudeo, se examinen una o dos veces al año de manera obligatoria. Sin embargo, la falta de acuerdo sobre cómo se aplicará el sistema de pruebas aleatorias y qué criterios definirán qué funcionarios serán testeados de manera obligatoria sigue generando incertidumbre.
El costo de las pruebas es otro tema de discusión. Si bien la propuesta inicial señala que los test serían cubiertos por el Estado, los detractores del proyecto argumentan que esto podría generar un gasto excesivo para las arcas públicas. También se plantea la duda sobre si las pruebas se realizarán en laboratorios públicos o privados, lo que podría agregar una capa de complejidad al proyecto. Algunos incluso señalan que este proceso podría convertirse en un negocio para laboratorios privados ante la demanda de narcotests.
Las sanciones en juego
El aspecto más controversial de la propuesta es el tipo de sanción que se impondrá a los funcionarios que den positivo en los narcotest. Aunque se prevé que el primer resultado positivo no sea definitivo y se pueda solicitar una contraprueba, la incertidumbre se mantiene sobre si un segundo resultado positivo llevará a la expulsión del cargo o si se impondrá una sanción administrativa, como una suspensión temporal sin goce de haberes.
Además, se ha planteado que la ley no solo se aplicaría a funcionarios que ya están en ejercicio, sino también a aquellos que aspiren a un cargo electivo. Este último punto se encuentra bajo evaluación, ya que algunas voces insisten en que el narcotest debe ser un requisito previo para quienes aspiren a ser candidatos a cargos públicos.
El panorama político y legislativo
La iniciativa está ganando terreno, y aunque se prevé que el proyecto será aprobado, aún no se sabe cuándo se tratará en el recinto de la Legislatura. El paso fundamental será la aprobación en la comisión de Desarrollo Humano, programada para este jueves, lo que marcará un hito importante en el avance de la ley. Luego, el proyecto deberá ser revisado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda antes de llegar al pleno.
El debate sobre la obligatoriedad de los narcotests para los funcionarios públicos se plantea como una medida significativa en la lucha contra el narcomenudeo. Si bien la propuesta genera apoyo, la incertidumbre sobre su implementación y los detalles sobre las sanciones continúan siendo los puntos críticos que definirán el rumbo de la ley en los próximos días.
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