La Legislatura neuquina empezó a encaminar uno de los proyectos más sensibles para la gestión ambiental: la creación del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, una herramienta pensada para ordenar la prevención, el combate y la sanción de incendios rurales y forestales. La iniciativa recibió un despacho unánime en la comisión de Medio Ambiente, pero su futuro todavía dependerá de los debates en Asuntos Constitucionales y Hacienda, donde se espera un análisis más fino sobre los alcances reales del sistema.
El principal punto de tensión quedó a la vista durante el tratamiento: si este nuevo esquema debe o no derogar la ley 3305, que regula las quemas controladas. La diferencia no es menor. Mientras algunos legisladores entienden que la nueva estructura integra y reemplaza los protocolos actuales, otros piden no avanzar sin la opinión técnica de las áreas que hoy aplican esa norma, especialmente por su impacto en zonas urbanas que el proyecto todavía no contempla.
Qué establece el proyecto y quién tendrá la responsabilidad de aplicarlo
El texto propone colocar a la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos como autoridad de aplicación. Eso implica centralizar lineamientos generales, medidas particulares, coordinación con el sistema federal y la elaboración del Plan de Protección contra Incendios Forestales y Rurales.
Además, cada municipio deberá diseñar su propio plan local e integrar brigadas mínimas de primera respuesta, un punto que busca cubrir los tiempos críticos entre el inicio de un foco y el arribo de equipos provinciales.
Uno de los aspectos más destacados es la creación del Fondo Provincial de Manejo del Fuego y Recuperación Ambiental, que se nutrirá de partidas presupuestarias, multas, donaciones y aportes voluntarios vinculados al servicio de prevención. Ese fondo se dividirá en dos cuentas:
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una orientada a prevención y combate, administrada por la Secretaría de Emergencias,
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y otra para restauración ambiental, bajo responsabilidad de la Secretaría de Ambiente.
El proyecto también fija obligaciones para los propietarios de predios rurales, especialmente en medidas de silvicultura preventiva: apertura de picadas, mantenimiento de cortafuegos y limpieza de alambrados.
Debate político: ¿derogar o no la ley vigente?
La discusión sobre la ley 3305 funcionó como eje técnico y político del encuentro.
La presidenta de la comisión, Gisselle Stillger, remarcó que no corresponde derogarla sin antes consultar a las áreas competentes. Su argumento se basa en que esa norma sigue vigente y regula espacios urbanos, algo que el nuevo sistema no aborda.
Desde otra mirada, el diputado Claudio Domínguez planteó que la creación de un sistema integral con planes provinciales, municipales y prediales implica, de hecho, absorber y mejorar los procedimientos ya establecidos. Según explicó, el proyecto apunta a unificar alertas, protocolos y derivaciones, similar a un “servicio de emergencias integrado”. Para ordenar ese punto, el cuerpo solicitará informes a las áreas de Producción y Economía antes de avanzar al siguiente tramo del debate.
Planes, consorcios y sanciones: cómo funcionará el nuevo esquema
La iniciativa introduce cuatro niveles de planificación:
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Plan Provincial,
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Planes Municipales,
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Planes Prediales,
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Planes de Consorcios.
Cada uno cumple un rol específico con el objetivo de evitar superposiciones y aclarar responsabilidades durante una emergencia.
Se prevé también la creación de Consorcios de Prevención y Lucha contra Incendios, que podrán recibir capacitación y equipamiento para reforzar su presencia territorial.
En situaciones de urgencia, los propietarios deberán garantizar el acceso al predio y permitir el uso transitorio de maquinarias, herramientas o equipos privados cuando sea estrictamente necesario. El proyecto deja claro que el Estado asumirá los costos por daños o pérdidas generadas durante esa intervención.
Para cerrar el esquema, la propuesta incorpora un régimen de infracciones que oscila desde apercibimientos hasta multas que pueden alcanzar los 1000 IUS, con valores graduados según la superficie afectada y la conducta del infractor.
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