La Legislatura de Neuquén comenzó a debatir un proyecto que podría modificar de manera profunda la política ambiental de la provincia. Se trata de la iniciativa que impulsa el diputado Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria), orientada a implementar un régimen gradual de “vertido cero”, es decir, prohibir que los ríos sigan recibiendo efluentes cloacales o industriales. El objetivo es transformar lo que hoy se considera un desecho en un recurso útil para actividades como la forestación o el riego industrial.
Monzani planteó que el agua es el recurso estratégico más valioso de Neuquén, incluso por encima del gas y el petróleo, y remarcó que no se puede sostener un esquema de contaminación en las cuencas del Limay y del Neuquén, consideradas las segundas en importancia del país después del Paraná. El legislador recordó estudios realizados por el CONICET y el CEAN, que confirmaron altos niveles de polución en el río Chimehuín, uno de los emblemas del turismo y la pesca deportiva en la Patagonia.
Un cambio de enfoque en el uso del agua
El proyecto propone reconvertir la infraestructura actual, diseñada para volcar líquidos tratados a los cursos de agua, hacia sistemas de reutilización. La idea es que los efluentes pasen de ser un pasivo ambiental a convertirse en un activo económico. “La discusión sobre el agua debe estar en el centro de la agenda pública, no solo como un tema ambiental, sino también de salud y desarrollo productivo”, señaló Monzani durante la presentación de la propuesta.
El debate no surge de manera aislada. En la provincia vecina de Río Negro existen antecedentes que sirven como referencia. Desde 2015, algunas localidades reutilizan efluentes tratados en proyectos de forestación y riego industrial. En Ingeniero Jacobacci, por ejemplo, se riegan pasturas y forestaciones en un contexto de extrema aridez, mientras que en Choele Choel funciona desde 2018 la primera planta de la región que logró el objetivo de vertido cero al río Negro. Allí se irrigan actualmente 20 hectáreas de sauces.
Incluso el sector privado encontró en la reutilización de líquidos tratados una alternativa viable. En Las Grutas, un productor olivícola sostiene 28 hectáreas de olivares gracias a este sistema, logrando una producción rentable de aceitunas y aceite de oliva.
Experiencias en otras provincias
La experiencia mendocina también aparece como antecedente clave. Esa provincia fue pionera en legislar sobre el uso agrícola de aguas residuales tratadas. Sin embargo, allí la motivación principal estuvo vinculada a la necesidad de aprovechar al máximo cada gota de agua en un territorio semidesértico. En el caso de la Patagonia, la urgencia se centra en evitar que los ríos se conviertan en receptores permanentes de contaminación.
En este sentido, el proyecto neuquino busca otorgar un marco legal a una transición que hasta ahora se apoyó en resoluciones administrativas o en experiencias aisladas. De aprobarse, la provincia podría consolidar una política pública de largo plazo, que combine la preservación de la calidad de los ríos con la posibilidad de generar valor económico a partir de los líquidos depurados.
La iniciativa abre además un debate más amplio sobre cómo las provincias patagónicas enfrentan la gestión del agua en el siglo XXI. Con un contexto de crecimiento urbano e industrial, la presión sobre los recursos hídricos es cada vez mayor, y la discusión sobre el destino de los efluentes aparece como una de las claves para garantizar un desarrollo sostenible.
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