El Concejo Deliberante de Neuquén sigue adelante con un proceso de revisión profunda del Código de Faltas, un trabajo que comenzó a finales de 2024 con la colaboración entre las autoridades del Ejecutivo y los tribunales de Faltas. Este análisis busca adaptar las normativas vigentes a las nuevas demandas de la ciudad, que han surgido principalmente por el impacto de las fotomultas y los cambios en la urbanización. La reforma también responde a las crecientes preocupaciones sobre el control de situaciones que antes no estaban contempladas en el código.
El proceso se está llevando a cabo mediante una serie de reuniones que incluyen a representantes de diversas áreas del gobierno local, como la Secretaría de Medio Ambiente, Espacios Verdes, y Obras Particulares. Según Victoria Fernández, presidenta de la comisión de Legislación del Concejo, la reforma tiene como objetivo simplificar los procedimientos de infracción y fiscalización, adaptando la legislación a los nuevos desafíos urbanos y ambientales que enfrenta la ciudad.
Nuevas realidades urbanas y ambientales
Una de las áreas que más atención está generando es la cuestión del ordenamiento urbano. Con la expansión de la ciudad, han surgido varios problemas vinculados al incumplimiento de normativas por parte de los desarrolladores inmobiliarios. Casos como el de un edificio en pleno centro de la ciudad, habitado por familias en condiciones precarias, han puesto de manifiesto la necesidad urgente de reformular el código. Este caso en particular, destapado por un incendio en la instalación eléctrica, mostró la falta de control en la habilitación de edificios sin los requisitos completos. La jueza de Faltas, Romina Doglioli, impuso una multa millonaria al propietario del inmueble, subrayando la necesidad de sancionar este tipo de infracciones con mayor contundencia.
En cuanto al medio ambiente, se ha identificado una creciente problemática relacionada con el vertido de basura y residuos en áreas como la barda y los ríos que bordean la ciudad. Las sanciones a aquellos que arrojan desechos de forma ilegal y los procedimientos para acelerar las multas ambientales son parte de las modificaciones que se están evaluando. Estas acciones son vistas como esenciales para preservar el entorno y garantizar un desarrollo urbano responsable.
Mejoras en los procedimientos
El debate también está centrado en cómo mejorar la eficacia de las sanciones y cómo hacer cumplir las nuevas normas. Durante las consultas, se abordaron aspectos clave como la fiscalización de los desarrolladores y la implementación de medidas que permitan una intervención más rápida en caso de infracciones. La participación de instituciones como el Colegio de Abogados, que ha aportado un diagnóstico preliminar sobre los aspectos a reformular, es otro indicio de que el proceso busca ser lo más inclusivo posible. Los primeros días de septiembre se llevarán a cabo exposiciones por parte de estos profesionales, quienes enriquecerán el análisis de la reforma.
Entre los temas tratados también se encuentran los espacios públicos y su uso adecuado. Áreas como el comercio, la movilidad urbana y la bromatología están siendo evaluadas con el fin de incorporar sanciones para situaciones que no estaban previamente contempladas en la normativa. Además, se está considerando una revisión integral de las leyes que rigen el uso de estos espacios, buscando adaptarlas a la realidad de una ciudad que continúa creciendo a un ritmo acelerado.
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