En Neuquén, la política provincial se enfrenta a un giro inesperado: funcionarios públicos, desde el gobernador hasta los concejales, podrían estar obligados a someterse a análisis toxicológicos periódicos. La Legislatura analiza unificar los cuatro proyectos de ley presentados, que apuntan a implementar controles de drogas en los tres poderes del Estado.
El debate ya comenzó en la Comisión de Desarrollo Humano y, si bien aún resta pulir detalles técnicos y jurídicos, existe un acuerdo transversal entre los bloques políticos para avanzar en una norma que combine rigor, confidencialidad y evaluación justa. La idea es que los controles no sólo sean obligatorios y aleatorios, sino que también contemplen un enfoque humano ante un eventual resultado positivo.
El foco en la responsabilidad institucional
Entre los proyectos más avanzados se destaca el de los diputados Francisco Lépore y Claudio Domínguez. Su propuesta establece controles toxicológicos para una amplia lista de cargos: gobernador, vicegobernador, ministros, legisladores, jueces, fiscales, integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios municipales. La intención es garantizar la "idoneidad" en el ejercicio de las funciones públicas, especialmente en áreas sensibles como la seguridad y la justicia.
Lejos de proponer sanciones automáticas, el texto contempla un abordaje más complejo. En caso de que el test dé positivo, se abrirá un procedimiento administrativo para determinar si se trata de un consumo ocasional, una situación de dependencia o un tratamiento médico. Y si bien el control será obligatorio, los resultados serán confidenciales: sólo el Ministerio de Salud y el funcionario involucrado tendrán acceso a esa información, salvo que éste decida hacerlo público.
De la intención a la ley: consenso político y voces técnicas
La intención de avanzar con una ley de estas características no es nueva, pero cobró fuerza luego de que el gobernador Rolando Figueroa mencionara el tema en su discurso inaugural del período legislativo. A partir de allí, distintos bloques –incluidos el PRO, Unión por la Patria y fuerzas provinciales– presentaron iniciativas similares, lo que abrió la puerta al tratamiento unificado que ahora se discute.
Se espera que en los próximos días se convoque a especialistas en toxicología, salud pública y derecho constitucional para dar forma definitiva al proyecto. También se analiza la creación de una Comisión Evaluadora técnica, que asegure imparcialidad en los análisis y sanciones.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de contraprueba: si un funcionario duda del resultado del test, podrá solicitar un segundo análisis en un laboratorio distinto. Y si se niega a realizar el examen, la ley consideraría esa negativa como un resultado positivo, habilitando un procedimiento para evaluar su situación.
¿Qué se testearía y con qué frecuencia?
Los exámenes podrían incluir análisis de orina, sangre, rinoscopia y otros estudios que determine la autoridad sanitaria. En el proyecto de Lépore y Domínguez, se plantea una frecuencia mínima de tres controles anuales, aleatorios y sin aviso previo. En cambio, otras iniciativas –como la del empresario Carlos Eguía o el bloque de Unión por la Patria– proponen controles anuales, con una cobertura de cargos similar.
Las sustancias a detectar incluyen alcohol, cannabis, cocaína, fentanilo, heroína, alucinógenos y otras drogas psicoactivas, salvo en los casos de prescripción médica debidamente acreditada.
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