La tensión por las quitas de pensiones a personas con discapacidad llegó a los tribunales. En Neuquén, referentes del Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad anunciaron que presentarán una demanda ante la Justicia Federal el próximo lunes. La medida busca frenar lo que consideran bajas arbitrarias que dejaron sin sustento a decenas de familias.
Según precisó María Daniela Carrera, vocera del colectivo, se detectaron al menos 40 casos en la provincia de personas que, a pesar de tener una discapacidad comprobada, perdieron la pensión no contributiva. “Estamos hablando de situaciones de vida o muerte, porque de estas pensiones dependen tratamientos, medicamentos y la posibilidad de vivir con dignidad”, expresó en diálogo con una importante radio neuquina.
El reclamo en Neuquén se da en paralelo al debate nacional. Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría la insistencia sobre la ley de emergencia en discapacidad, previamente vetada por el presidente Javier Milei. Para los colectivos del sector, se trató de un logro “con sabor amargo”: si bien celebran que el Congreso haya dado marcha atrás al veto, reconocen que la propia existencia de una ley de emergencia refleja “una situación de crisis total”.
Carrera destacó que la norma contempla actualizaciones de honorarios para los profesionales que trabajan con personas con discapacidad —kinesiólogos, acompañantes terapéuticos, maestras de apoyo, fonoaudiólogos— y también de las pensiones no contributivas. En Neuquén, el monto asciende a 320 mil pesos, suma que en muchos hogares constituye el único ingreso estable. “No se trata de un privilegio ni de un favor, son derechos humanos reconocidos por tratados internacionales que Argentina ratificó”, remarcó la referente.
Denuncias de irregularidades en las bajas
El malestar en la provincia creció tras el inicio de auditorías impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyo titular fue removido en medio de críticas y denuncias. Según relató Carrera, las notificaciones para revisar las pensiones llegaron con errores groseros: direcciones inexistentes, citaciones a lugares que no funcionaban y plazos casi imposibles para reunir la documentación médica.
En ese contexto, surgieron situaciones insólitas. Algunas familias recibieron la explicación de que la discapacidad era “reversible”, incluso en casos de diagnósticos irreversibles desde la infancia. También se exigieron estudios médicos a personas con ceguera total ya certificada, lo que provocó indignación entre los afectados.
La decisión de acudir a la Justicia fue consensuada con la Defensoría Federal y la Subsecretaría de Discapacidad de la provincia. El objetivo es pedir una revisión de los casos y restituir las pensiones que, según el Foro, fueron quitadas de manera arbitraria. “No se puede reducir a un cálculo económico la vida de una persona con discapacidad. El dinero que reciben es para su autonomía, no para la familia. Confundir eso es un retroceso enorme”, sostuvo Carrera.
Lo que está en juego
La baja de estas pensiones no solo implica la pérdida de un ingreso, sino también la interrupción de tratamientos vitales. Desde terapias de rehabilitación hasta medicación específica, muchas de estas prestaciones dependen directamente de los fondos que garantiza la pensión. “Estamos hablando de recursos que definen si una persona puede vivir con dignidad o no. No es un tema administrativo, es un tema de derechos humanos”, advirtió Carrera.
El próximo lunes será clave: con la presentación formal en el Juzgado Federal, Neuquén buscará sentar un precedente judicial que podría replicarse en otras provincias. Mientras tanto, las familias afectadas permanecen en la incertidumbre, esperando que la Justicia resuelva lo que consideran un atropello a derechos básicos.
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