La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a cargo de la doctora Luciana Ortiz Luna, presentó la nueva Mesa Interinstitucional e Interpoderes, un espacio que reúne a representantes del Poder Judicial y del Ejecutivo con el objetivo de optimizar la aplicación de las leyes provinciales 2785 y 2786, marcos normativos claves en la protección contra estas violencias.
El encuentro, realizado este martes, reunió a la Oficina de Violencia, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría Pública, los Juzgados de Paz, la Subsecretaría de Familia y la Policía de la Provincia. La iniciativa busca acelerar las respuestas del Estado en casos considerados de alto riesgo, donde se cruzan múltiples vulnerabilidades, y avanzar hacia una mayor coordinación entre instituciones que a menudo enfrentan problemas de superposición o demora en la atención.
La mesa fue convocada y organizada por la Línea 148 y el Dispositivo de Atención a Varones (DAV), que ya venían trabajando en distintos frentes de asistencia. En este primer encuentro, los organismos revisaron los circuitos de intervención vigentes, detectaron puntos críticos y acordaron lineamientos para agilizar derivaciones y reforzar la articulación.
Uno de los consensos más relevantes fue la necesidad de diseñar estrategias conjuntas específicas para situaciones de alto riesgo. Esto incluye protocolos más claros de comunicación entre la Justicia, la Policía y los equipos de asistencia social, con el fin de reducir los tiempos de respuesta ante denuncias urgentes.
Además, se destacó la incorporación de la perspectiva de género en la reforma del Código Procesal Civil, lo que permitirá dar mayor coherencia a las intervenciones judiciales en casos de violencia.
Desde la Secretaría remarcaron que, aunque Neuquén cuenta con un marco legal robusto, las normas solo cobran eficacia si se garantizan mecanismos de coordinación entre los poderes del Estado. La creación de esta mesa interinstitucional responde justamente a esa necesidad: asegurar que las herramientas legales no queden en el papel, sino que se traduzcan en acciones concretas y rápidas para proteger a quienes sufren violencia.
“Contamos con leyes avanzadas, pero necesitamos un trabajo articulado y permanente para que se traduzca en seguridad y acompañamiento real para las víctimas”, señalaron desde el área provincial.
El espacio, que tendrá continuidad en el marco de la Comisión Interinstitucional prevista en la Ley 2785, apunta también a sostener políticas de prevención y a garantizar la atención integral de quienes atraviesan situaciones de violencia.
El refuerzo de las políticas contra la violencia de género llega en un contexto donde este problema continúa siendo una de las principales preocupaciones sociales en Neuquén y el resto del país. Los registros de la Oficina de Violencia y las denuncias recibidas en la Línea 148 dan cuenta de la magnitud de la problemática, que exige respuestas estatales cada vez más coordinadas.
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