La convivencia escolar vuelve a estar en el centro del debate. Un nuevo proyecto ingresado en la Legislatura neuquina plantea que los padres o tutores de estudiantes que ejerzan violencia o acoso escolar podrían recibir sanciones si no intervienen a tiempo para frenar esas conductas. La iniciativa, impulsada por el diputado Carlos Coggiola (Neuquén Federal), busca promover la responsabilidad parental y la prevención del bullying, incorporando al Código de Faltas un artículo específico que habilita sanciones contravencionales.
Según la propuesta, los adultos responsables de niños, niñas o adolescentes que hayan incurrido en actos de agresión, hostigamiento o discriminación podrán ser sancionados con multas de entre cinco y treinta JUS, o bien con la obligación de asistir a talleres sobre derechos de la infancia, convivencia escolar y prevención de la violencia. En los casos donde se demuestre la inacción reiterada del entorno familiar frente a las advertencias escolares, el juez podrá incluso disponer trabajos comunitarios como reemplazo de la multa.
Responsabilidad y prevención antes que castigo
El texto subraya que la sanción no apunta a criminalizar a los menores, sino a comprometer a los adultos en el proceso educativo y de contención. El objetivo, según explicó Coggiola, es que la herramienta actúe como último recurso, luego de que las instituciones educativas y los equipos interdisciplinarios agoten instancias de diálogo y acompañamiento.
De acuerdo con el proyecto, el juez de paz será la autoridad encargada de aplicar la medida, previo requerimiento de informes de la escuela, equipos de orientación o servicios de protección de derechos. Solo se podrá avanzar con una sanción cuando quede acreditado que el adulto fue notificado formalmente y, pese a ello, no adoptó medidas razonables para cesar los actos violentos.
El texto también contempla excepciones: no se aplicará la multa si el responsable demuestra haber actuado con diligencia razonable, o si la falta de intervención se debió a causas justificadas, como problemas de salud, falta de recursos o fuerza mayor.
Una mirada educativa sobre la convivencia escolar
En los fundamentos, Coggiola plantea que la medida busca reforzar la idea de que el cuidado es una tarea compartida entre la familia, la escuela y el Estado. “No se trata de castigar, sino de fortalecer el compromiso de los adultos frente a situaciones que afectan el bienestar y la trayectoria educativa de los chicos”, expresó el legislador.
El proyecto también prevé que la sanción pueda conmutarse por la participación en talleres o instancias formativas, para evitar un enfoque puramente punitivo y promover procesos de reflexión sobre la responsabilidad parental. De esta forma, la iniciativa combina la dimensión contravencional con una mirada pedagógica que busca prevenir la violencia escolar antes de que escale.
En un contexto donde los casos de acoso escolar generan cada vez mayor preocupación, la propuesta reabre el debate sobre los límites y deberes de las familias en el acompañamiento cotidiano. La discusión legislativa que se avecina promete poner en foco la necesidad de nuevas herramientas legales que promuevan la convivencia, sin criminalizar ni desentender responsabilidades.
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