Este lunes a las 10 de la mañana, más de 30 personas afectadas por la suspensión de sus pensiones por discapacidad se reunirán en el Juzgado Federal de calle Illia 1101, en la capital neuquina. Allí firmarán una carta poder que facultará a la Defensoría Federal a presentar un amparo colectivo en su representación.
Se trata de un paso clave para que el reclamo llegue formalmente a la Justicia Federal y se inicie una demanda con alcance colectivo. El objetivo es frenar las bajas que, según denuncian los beneficiarios, se realizaron de manera repentina y sin un debido proceso administrativo.
Los damnificados asistirán en grupo al edificio judicial, en un gesto que busca mostrar unidad frente a una situación que golpea con fuerza a los sectores más vulnerables. Con la firma de la carta poder, la Defensoría Federal podrá intervenir legalmente y dar curso a un amparo que abarque a todos los casos.
“Es la vía adecuada para reclamar la restitución de las prestaciones y garantizar derechos básicos”, remarcaron desde el organismo. El defensor federal Pablo Matkovic explicó que la problemática surgió tras auditorías implementadas por la Agencia Nacional de Discapacidad en el marco de un decreto de 2024, aunque advirtió que el procedimiento presentó serias irregularidades: el 55% de las notificaciones nunca llegó a destino y solo una minoría de beneficiarios pudo responder en tiempo y forma.
En los últimos meses, la Defensoría Federal de Neuquén recibió más de un centenar de denuncias por suspensiones. En todos los casos se trata de personas de bajos recursos que percibían un ingreso equivalente al 70% de la jubilación mínima, lo que representa un sostén esencial para la vida diaria.
“El impacto es grave. No se trata de un privilegio, sino de una ayuda mínima que garantiza un derecho fundamental”, subrayaron desde la defensoría. Ante esta situación, el organismo ya comenzó a impulsar juicios individuales y, en paralelo, convocó a las familias a acercarse para recibir asesoramiento gratuito en conjunto con las subsecretarías de discapacidad municipales y provinciales.
La problemática no se limita a la provincia. En distintas jurisdicciones del país también se registraron medidas cautelares colectivas contra las bajas de pensiones. Sin embargo, en la Patagonia preocupa la magnitud de los casos y la falta de respuesta de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Matkovic señaló que, según el relevamiento coordinado con otras defensorías federales, los recortes se concentraron en provincias con menor densidad poblacional. “Hasta ahora no tenemos reportes de suspensiones en CABA, Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba. El impacto se vio principalmente en distritos patagónicos y del interior”, indicó.
El defensor aclaró además que los casos que se presentarán ante la justicia no registran irregularidades: “Han sido corroborados incluso en ANSES y todos corresponden a beneficiarios legítimos. Estamos ante situaciones humanitarias que merecen ser revisadas con urgencia”.
Con la firma de la carta poder, la Defensoría Federal quedará habilitada para avanzar en la presentación del amparo colectivo en los próximos días. El movimiento judicial podría marcar un antecedente clave para los reclamos de otras provincias, al tiempo que busca devolver tranquilidad a las familias que hoy se sienten desprotegidas.
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