La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) vuelve a estar en el centro de la escena. Este jueves, trabajadores de la planta —organizados en ATE Senillosa— realizarán una panfleteada en la Ruta 22 para visibilizar un reclamo que lleva años: la reactivación de un complejo clave para la industria nuclear argentina. La acción será pacífica y sin cortes de tránsito, pero con un mensaje claro: sin una decisión política, la planta puede cerrar definitivamente.
“Hoy lo que se necesita es que Nación y Provincia se hagan cargo”, expresó Jhonatan Valenzuela, delegado gremial de ATE, quien recordó que existen acuerdos internacionales y un mercado abierto para el agua pesada, insumo estratégico para los reactores nucleares. Para los trabajadores, no hay dudas: la traba no es técnica ni comercial, sino política.
La PIAP depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, aunque la provincia de Neuquén controla el 51% del complejo. Ninguno de los dos niveles del Estado, hasta el momento, confirmó la inversión inicial que permitiría reactivar la producción en pocos meses.
A pesar de la inactividad, Valenzuela señaló que la planta se mantiene en buen estado gracias al esfuerzo de los trabajadores, quienes han garantizado el mantenimiento básico. Sin embargo, esa tarea no alcanza para sostener una estructura de esta magnitud si no hay respaldo económico.
Desde hace casi tres meses, los salarios se pagan en cuotas, lo que agrava la situación de las más de 400 familias que dependen de la PIAP. El gremio advierte que este incumplimiento no solo afecta a los trabajadores, sino que pone en jaque una infraestructura única en Argentina y Latinoamérica.
Interés internacional, pero falta decisión
El agua pesada que produce la PIAP es un componente esencial para los reactores nucleares que generan energía en el país y también en el exterior. Empresas extranjeras, incluso de Canadá, ya han manifestado interés en comprar el producto y visitaron la planta en varias oportunidades. Sin embargo, todo quedó en intenciones porque no se habilitó el financiamiento inicial para reactivar la producción.
“Hay un mercado real, con compradores dispuestos, pero sin la decisión política de poner en marcha la planta, estamos condenados a que todo se pierda”, advirtió Valenzuela.
La protesta de este jueves, remarcaron desde ATE, no busca afectar a los automovilistas, sino entregar volantes informativos que expliquen la magnitud del problema y lo que está en juego. El plazo es acotado: la prórroga de mantenimiento vence el 30 de octubre y, si no hay avances concretos, el riesgo de cierre definitivo se hará más tangible.
Un reclamo que se repite
La historia de la PIAP es también la de promesas incumplidas. Durante años, gobiernos nacionales y provinciales han anunciado su reactivación, pero nunca se concretaron los pasos necesarios para darle continuidad productiva. La falta de definición, según los trabajadores, amenaza con convertir a la planta en un símbolo del abandono de la política industrial en el país.
Valenzuela resumió la situación en pocas palabras: “La traba es política, no técnica ni de mercado. La decisión está en manos del gobierno nacional y provincial. Solo de ellos depende que la planta siga viva y que más de 400 trabajadores mantengan su empleo”.
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