La Legislatura de Neuquén encendió las luces de alerta sobre el reciente convenio entre Nación, Río Negro y Neuquén que abre la puerta a la reprivatización de las principales represas hidroeléctricas del Comahue. César Gass, diputado del bloque Juntos por el Cambio-UCR, presentó un pedido de informes al Ejecutivo provincial para que detalle cómo se instrumentará el acuerdo que involucra a Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
El legislador planteó dudas sobre aspectos sensibles del convenio, entre ellos el precio de la energía en dólares, el esquema de regalías y el manejo de la información hidrometeorológica de las cuencas. Se trata de puntos clave no solo para las cuentas públicas de Neuquén y Río Negro, sino también para el control de un recurso estratégico que aporta cerca del 10% de la electricidad del país.
En su presentación, Gass consultó si el acuerdo contempla la totalidad de los ingresos como base para calcular regalías, incluyendo conceptos que antes solo se reconocían a los concesionarios: disponibilidad de potencia, horas de requerimiento, energía operada y regulación de frecuencia. Además, quiere saber si se prevé el cobro de regalías en especie y cómo se aplicará el canon que corresponde a ambas provincias por el uso del agua.
Otro punto que destacó el diputado es el manejo de la energía de libre disponibilidad. Según el convenio, ese porcentaje se iría incrementando con el tiempo, lo que, a su juicio, puede modificar la ecuación económica de las provincias y de los futuros operadores. La tarifa en dólares de la energía también aparece como un factor determinante en el reparto de beneficios.
Obras y control de las cuencas
El pedido de informes incluye además un aspecto poco visible pero de gran relevancia: el financiamiento de la información hidrometeorológica y las obras de protección que define la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Gass preguntó si el convenio obliga a los concesionarios a aportar fondos para sostener ese sistema, vital para anticipar crecidas y administrar los caudales de los ríos Limay y Neuquén.
El legislador también recordó que la seguridad de las represas y las obras complementarias es un tema central en la agenda de ambas provincias, especialmente tras el vencimiento de las concesiones en agosto de 2023. Desde entonces, las centrales pasaron por un período de transición bajo control del Estado nacional, hasta que el último decreto creó cuatro sociedades anónimas para operarlas en esta etapa previa a la nueva licitación.
El trasfondo político y económico
Más allá de los aspectos técnicos, la discusión se da en un escenario político donde la Nación busca recaudar con la licitación —se estima en unos 500 millones de dólares—, mientras Neuquén y Río Negro apuntan a resguardar su rol como dueños del recurso hídrico. La negociación sobre regalías, canon y participación en decisiones estratégicas resulta, en ese marco, decisiva.
El pedido de Gass refleja la intención de que la Legislatura neuquina tenga un papel activo en el seguimiento de un acuerdo que, por su alcance, impactará en la economía provincial y en la gestión de los recursos naturales durante las próximas décadas.
La reapertura de las licitaciones de las represas del Comahue no solo involucra a empresas y gobiernos. También despierta interés en la comunidad local, que observa cómo se definen las reglas sobre el uso del agua, la generación de energía y la distribución de regalías. El planteo de la UCR en la Legislatura abre la puerta a un debate más amplio que, probablemente, acompañe todo el proceso de licitación.
En ese contexto, las preguntas formuladas por Gass buscan dar claridad sobre un tema que trasciende la coyuntura y que marcará el rumbo energético y económico de la región. La expectativa ahora está puesta en la respuesta del Ejecutivo neuquino, que deberá explicar cómo se asegurará que las provincias no pierdan protagonismo en el control de sus represas más emblemáticas.
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