En una sesión atravesada por fuertes cruces, la Cámara de Diputados aprobó en general, con 142 votos afirmativos, un paquete de medidas impulsado por la oposición para mejorar los haberes jubilatorios y extender beneficios previsionales. El oficialismo, junto con parte de sus aliados, votó en contra y ya adelantó que el presidente Javier Milei vetará la ley si es sancionada por el Senado.
Entre las medidas aprobadas se destacan un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios, la suba del bono complementario de 70 mil a 110 mil pesos, y la prórroga por dos años de la moratoria previsional. Esta última fue la más ajustada y se aprobó por 111 votos contra 100 y 15 abstenciones.
Los votos positivos provinieron de Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, el Movimiento Popular Neuquino, Encuentro Federal, Por Santa Cruz, y algunos radicales, entre otros bloques. En contra se expresaron La Libertad Avanza, el PRO alineado con Patricia Bullrich, los radicales con “peluca” de la Liga del Interior, y otros socios libertarios como Somos Fueguinos y Creo.
Un veto anunciado
Desde el Ejecutivo ya anticiparon que se utilizará el veto presidencial, argumentando que las iniciativas tendrían un impacto fiscal de 12 mil millones de dólares, equivalente al 1,8% del PBI. A pesar del anuncio, la votación mostró que incluso aliados tradicionales del Gobierno rompieron filas para acompañar los proyectos, en un intento por responder al deterioro del poder adquisitivo de los jubilados.
Qué dice la ley aprobada
El texto establece que el 7,2% aprobado se sumará al haber mensual y se tomará como base para futuros aumentos. Además, el bono para jubilados que cobran el haber mínimo pasará de 70 mil a 110 mil pesos, actualizándose según la inflación. También se ratificó el DNU 274/2024, que dispone la movilidad jubilatoria ajustada al índice de precios.
El diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) propuso una serie de artículos para financiar los aumentos, como la eliminación de exenciones impositivas al IVA para directores de empresas y de Ganancias a sociedades de garantías recíprocas, además de usar partidas subutilizadas, como los 32.616 millones asignados a la ex SIDE.
También se propuso redistribuir recursos del superávit generado por la baja de tasa del FMI y nacionalizar la recaudación de registros automotores.
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