Se votaron un aumento del 80% y Junín quedó en shock

El cierre del año dejó una definición de fuerte impacto institucional y político en Junín de los Andes. En una sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza que modifica la estructura salarial de los cargos jerárquicos del municipio y habilita una recomposición de hasta el 80% para el intendente, funcionarios del Ejecutivo y autoridades legislativas. La medida, que comenzó a regir de forma inmediata, no tardó en instalarse en el centro de la conversación pública.

El núcleo de la decisión está en la creación de un adicional remunerativo denominado “Función Política”, que se suma al salario básico y redefine los haberes de quienes ocupan cargos de conducción. En el caso del intendente Luis Madueño, el incremento representa una mejora nominal cercana a los tres millones de pesos mensuales. El acompañamiento unánime de los siete concejales le dio respaldo formal a la iniciativa, aunque no evitó que se activaran cuestionamientos fuera del recinto.

Desde el oficialismo municipal, el principal argumento para impulsar la recomposición fue la necesidad de “ordenar la pirámide salarial”. Según se expuso durante el tratamiento, la estructura vigente había generado distorsiones: empleados administrativos con muchos años de antigüedad y adicionales percibían ingresos similares —o incluso superiores— a los de funcionarios políticos con mayores responsabilidades de gestión.

En ese marco, la ordenanza fue presentada como una herramienta para jerarquizar la función pública y dotar de mayor coherencia al esquema salarial del municipio. También se mencionó la dificultad para retener perfiles técnicos y profesionales en áreas clave, frente a ofertas más competitivas de otros municipios de la región o del sector privado.

Durante la sesión, el propio Madueño reconoció que se trataba de una decisión sensible, pero defendió el debate en un ámbito público y abierto. Sostuvo que, tras un primer año de gestión enfocado en ordenar las cuentas municipales, se abría una nueva etapa en la que era necesario revisar los salarios de la conducción política.

Más allá de los fundamentos técnicos, la recomposición salarial quedó atravesada por el contexto económico general. Hasta octubre, varios secretarios municipales percibían ingresos apenas por encima del millón de pesos, cifras cercanas al valor de la canasta básica total para una familia tipo. Ese dato fue utilizado tanto para justificar la actualización como para cuestionar el momento elegido para aplicarla.

En un escenario marcado por inflación persistente, ajustes presupuestarios y demandas sociales insatisfechas, el aumento para la planta política despertó críticas en distintos sectores. El eje de esos cuestionamientos no se centró únicamente en la legalidad de la ordenanza, sino en la oportunidad y el mensaje que transmite una suba de esta magnitud hacia la comunidad.

El debate también se vio amplificado por comparaciones con otros acuerdos salariales recientes, tanto en el sector público provincial como en actividades privadas, donde las actualizaciones se aplicaron de manera escalonada y con porcentajes sensiblemente menores.

También aparece un componente político de fondo. Madueño integra el espacio provincial que conduce el gobernador Rolando Figueroa, identificado con un discurso de orden fiscal y austeridad en el gasto público. Sin establecer contradicciones formales, la medida adoptada a nivel local reavivó lecturas políticas sobre la coherencia entre los distintos niveles de gestión.