El Consejo de la Magistratura decidió este martes archivar el expediente que investigaba a los jueces federales involucrados en el viaje a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido. El escándalo, que estalló en 2022 tras la filtración de un chat, expuso relaciones entre magistrados, funcionarios, exespías y directivos del Grupo Clarín.
La votación fue ajustada: seis votos a favor y cuatro en contra. El resultado se alcanzó gracias al acompañamiento de los representantes del Poder Judicial y el voto clave del senador radical Eduardo Vischi.
El argumento: causa penal cerrada
Según informaron los impulsores del archivo, la causa penal que investigaba el hecho fue cerrada por el juez Sebastián Ramos, quien consideró que la prueba obtenida violaba el derecho a la intimidad. Esa resolución fue utilizada como base para dar por terminada también la instancia disciplinaria en el Consejo.
Sin embargo, el diputado Rodolfo Tailhade, integrante del Consejo por Unión por la Patria, rechazó la decisión: “El dictamen no convence a nadie. Técnicamente es malo. Toma todos los elementos del Dr. Ramos, que analizaba dádivas, pero acá se investiga conducta. Son planos distintos”.
Vanesa Siley, también representante de UxP, cuestionó el mensaje político de la decisión: “¿A quién va a sancionar el Consejo de la Magistratura si ni siquiera considera investigar esto?”.
El escándalo que sacudió al Poder Judicial
El caso se conoció a fines de 2022 a partir de la filtración de chats de Telegram del entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. En los mensajes, jueces como Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques coordinaban con directivos del Grupo Clarín —entre ellos Jorge Rendo y Pablo Casey— y exespías para ocultar detalles del viaje.
En uno de los chats, Yadarola agradecía la invitación de Casey con una frase que se volvió viral: “Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación”.
El episodio motivó denuncias por presunto “lawfare” y abrió un debate sobre la falta de independencia judicial. Pero con esta resolución, el Consejo de la Magistratura da por cerrada la discusión. Al menos, en lo institucional.
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