La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó al Gobierno un escenario de urgencia económica. Los empresarios advirtieron que sin incentivos en el corto o mediano plazo, el daño sobre la economía real será de muy difícil retorno tanto en la producción como en el empleo. El Ejecutivo respondió con un plan soft: validó los reclamos y mostró sintonía técnica, pero condicionó cualquier alivio a la restricción fiscal.
La cúpula fabril llevó cinco urgencias estructurales: reactivación, abaratamiento del financiamiento productivo, agenda tributaria con ARCA, costo de la energía y freno a la competencia desleal por contrabando. El secretario coordinador de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, mostró recepción y una directiva clara: avanzar en medidas que tengan margen fiscal. Se trata de una estrategia similar a la utilizada para el recorte de retenciones a productos industriales.
La gremial empresaria eligió un sector prioritario: la construcción y su cadena de valor. Según supo este medio, acordaron con el Palacio de Hacienda enviar una nueva propuesta de régimen de incentivos para dinamizar un rubro que tracciona muchos otros. El esquema sería una especie de "RIGI y RIMI", algo "en el medio", explicaron las fuentes. Tanto el sector empresario como el Gobierno coinciden en que los esquemas de promoción implementados hasta ahora fueron efectivos para generar anuncios de inversión.
Martín Rappallini, quien conduce la UIA, encabezó el grupo que se reunió con Lavigne y la subsecretaria de Industria, Daniela Ramos. Un dato particular encendió las alarmas de la entidad: la actividad metalúrgica se hundió en agosto un 3,9 por ciento, reflejando la profundidad de la crisis en el sector industrial.
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