El gobierno de Javier Milei volverá a intentar sacar dictamen del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) el próximo miércoles 14 de octubre en el plenario de comisiones del Senado. La nueva convocatoria llega después de que Diputados aprobara la adhesión con modificaciones, lo que obligó a que el proyecto volviera a la Cámara alta para su revisión definitiva.
La presión internacional marca el ritmo de los debates. El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, subió el tono durante un encuentro sobre salud organizado por AmCham. El diplomático reclamó la pronta aplicación del tratado y afirmó que hay 8.000 millones de dólares en inversiones pendientes de laboratorios nucleados en CAEME. Según Lamelas, estos fondos podrían destrabarse con la aprobación del PCT.
El tratado no crea una patente mundial, sino que establece un mecanismo internacional para que una empresa, investigador o inventor presente una única solicitud y comience el trámite de protección de una invención en los países que forman parte del acuerdo. El sistema incluye una búsqueda internacional y distintas instancias de evaluación, aunque la decisión final sobre si se concede una patente continúa en manos de las oficinas de propiedad industrial de cada país.
La controversia se concentra en el Capítulo II del tratado, que habilita un examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de las invenciones. Aunque sus informes no obligan al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a conceder una patente, los laboratorios nacionales agrupados en CILFA advierten que una adhesión plena podría facilitar el patentamiento de medicamentos y modificaciones de productos existentes, dificultando la competencia de genéricos y biosimilares. Las multinacionales agrupadas en CAEME, en cambio, respaldan el esquema y sostienen que brinda mayor previsibilidad para la protección de innovaciones y las inversiones.
Del otro lado están los laboratorios de capital nacional agrupados en CILFA, conducidos en gran medida por Hugo Sigman y Marcelo Figueras. Con sigilo, la cámara ejerce un fuerte lobby sobre los legisladores para frenar la aprobación del Tratado de Patentes.
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