El patrimonio de Manuel Adorni, vocero presidencial y legislador electo, ha sido objeto de escrutinio judicial tras la declaración de José Luis Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cua. Rodríguez afirmó haber alquilado su casa a Adorni por un total de 21.000 dólares en efectivo durante un año y medio. Esta declaración se suma a las múltiples acusaciones de corrupción que ya enfrenta el funcionario por presuntas irregularidades en contrataciones y el manejo de fondos.
La declaración de Rodríguez ratifica parcialmente lo que había mencionado anteriormente el contratista Matías Tabar, quien había hablado de un contrato de locación por 13.000 dólares. Sin embargo, Rodríguez aportó detalles adicionales, revelando un alquiler previo de 5.600 dólares y una prórroga de tres meses por 2.400 dólares, realizada sin contrato firmado. Estos nuevos datos han generado más interrogantes sobre las finanzas de Adorni y su entorno.
La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y dirigida por el juez federal Ariel Lijo, busca esclarecer el incremento patrimonial de Adorni desde su llegada al Gobierno. Las denuncias provienen de dirigentes opositores que cuestionan la evolución de sus bienes y gastos, lo que ha llevado a la fiscalía a levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario y su esposa para examinar sus cuentas y movimientos financieros.
Entre los focos de la causa se encuentran posibles remodelaciones millonarias en la vivienda de Indio Cua y viajes al exterior en primera clase. Además, las investigaciones han ampliado su alcance para incluir operaciones con criptomonedas. A pesar de las acusaciones, Adorni ha negado cualquier irregularidad y sostiene que las denuncias carecen de fundamento, reafirmando su intención de demostrar la legalidad de su patrimonio.
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