El Régimen Penal Juvenil entra en vigencia este sábado 5 de septiembre en Argentina y marca un cambio radical en el sistema de justicia para menores. La Ley 27.801 reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y reemplaza la normativa que regía desde 1980. Los adolescentes que cometan delitos previstos en el Código Penal podrán ser sometidos a proceso judicial y recibir condena, incluso con privación de la libertad bajo un régimen especial.
El nuevo sistema incorpora herramientas de seguimiento y control que incluyen restricciones de acercamiento, reparación del daño a la víctima, reglas de conducta y participación en actividades educativas y comunitarias. También introduce el monitoreo electrónico, que permite registrar la ubicación del adolescente mediante dispositivos. La amonestación —un llamado de atención con reproche oral y recomendaciones sobre pautas de conducta— deberá aplicarse junto con al menos una de las restantes sanciones previstas.
La baja de la edad de imputabilidad no implica que todos los adolescentes que cometan un delito sean privados de su libertad. Las penas alternativas podrán aplicarse en casos donde la pena prevista sea superior a tres años y de hasta diez años, siempre que no haya existido muerte de la víctima ni violencia física o psíquica grave. En delitos culposos, tampoco deberán existir lesiones gravísimas, muerte o daño psíquico grave.
El objetivo establecido por la normativa es promover la responsabilidad por los actos cometidos y favorecer la educación, resocialización e integración social de los adolescentes. Para acceder a penas alternativas, el adolescente no debe registrar condenas previas ni otros procesos en trámite con auto de procesamiento o resolución equivalente firme.
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