El Gobierno reglamentó este lunes a través del Decreto 875/2026 la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, que bajó a los 14 años la edad de imputabilidad en Argentina. La norma, sancionada en febrero en el Senado, establece el régimen aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta cumplir 18 años, con el objetivo de fomentar el sentido de responsabilidad legal y lograr su educación, resocialización e integración social.
El decreto publicado a la madrugada del 7 de septiembre especifica los detalles operativos que la ley no había detallado. Define quién controlará la implementación del régimen, cómo se elegirán los supervisores responsables del seguimiento de los adolescentes y qué organizaciones se ocuparán de su aplicación en el territorio nacional.
El Ministerio de Justicia fue designado como "Autoridad de Aplicación" de la ley, encargado de la implementación y coordinación del Régimen Penal Juvenil en el ámbito nacional y federal. El ministerio deberá armar un listado provisorio de profesionales supervisores en un plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia del decreto, hasta que se sustancie la primera convocatoria pública para la conformación del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil.
Los jueces competentes designarán al supervisor en cada caso concreto entre los profesionales que integren el listado provisorio. Además, el decreto ordena la creación del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil en el ámbito del Ministerio de Justicia, como dispositivo permanente de articulación interministerial para la implementación de la ley.
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