La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni entró en una fase más profunda luego de una reunión de casi tres horas entre el fiscal Gerardo Pollicita y especialistas de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), destinada a ordenar el rompecabezas de datos patrimoniales, gastos y rectificaciones de declaraciones juradas del jefe de Gabinete. El equipo técnico trabaja en un informe preliminar que cruce las declaraciones de bienes con el volumen de gastos detectados, incluidas erogaciones que no figurarían en los registros oficiales pero que habrían sido acreditadas mediante facturas, remitos, chats y otros elementos aportados por testigos. Fuentes judiciales resaltan que el “salto patrimonial” descripto en el expediente aparece, por ahora, incompatible con los ingresos declarados por el funcionario.
Uno de los ejes centrales de la pesquisa es el análisis de gastos “en negro” y consumos de alto monto, como la compra de productos para el hogar y ropa de cama por cifras millonarias, que la justicia intenta cotejar con la capacidad económica declarada por el matrimonio Adorni–Angeletti. Para avanzar en este punto, Pollicita ordenó incorporar documentación bancaria, comercial y tributaria que permita reconstruir el flujo de fondos y determinar si las erogaciones se realizaron con dinero lícito o si podrían corresponder a fondos de origen no justificado. Paralelamente, el fiscal pidió a la DAFI un cuadro técnico de la evolución histórica del precio del bitcoin desde 2013, ya que una parte clave de la defensa del funcionario se apoya en supuestas inversiones en criptomonedas.
En el plano documental, la fiscalía ya recibió material clave: las actuaciones de la otra causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, que tramita ante el juzgado de Daniel Rafecas, para verificar eventuales cruces patrimoniales dentro del grupo familiar. También llegaron respuestas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la vinculación de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023, lo que motivó que Pollicita preparara requerimientos análogos a la Universidad Abierta Interamericana, de la que depende la entidad. Además, se incorporaron registros de ingreso y egreso de prestadores de servicios del barrio privado Indio Cuá Golf Club, donde el matrimonio habría encargado refacciones, y de la administración de Fincas de Iraola, donde reside la madre de Adorni, que informó que Francisco Adorni pagó por adelantado un año de alquiler.
A este paquete de pruebas se suman los datos enviados por la empresa Industria Argentina del Descanso S.A. (Rosen The Store), que confirmó operaciones facturadas por más de 8 millones de pesos a nombre de Gisela Kocsis, así como las declaraciones juradas rectificadas de Adorni y Angeletti correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025, remitidas por el organismo recaudador. La ANSES aportó la historia laboral completa del matrimonio desde 2012, mientras que el Juzgado Civil y Comercial 18 de La Plata remitió el expediente sucesorio de Jorge Adorni, del que la fiscalía espera extraer datos sobre eventuales ahorros heredados que pudieran justificar parte del incremento patrimonial. Con ese conjunto de información, Pollicita evaluará nuevos pedidos de detalle y peritajes contables para precisar fechas, montos y origen de los fondos utilizados en compras, refacciones y otros gastos significativos.
Las mayores dudas se concentran en el relato sobre las criptomonedas y la magnitud del patrimonio declarado recientemente. Adorni elevó su base patrimonial 2025 hasta alrededor de 944,5 millones de pesos, justificando el salto en una inversión en bitcoins supuestamente realizada entre 2014 y 2018 con 200.000 dólares que dijo haber encontrado en la casa de su padre, suma que no estaría documentada en el expediente sucesorio. El funcionario declaró además haber obtenido 513.000 dólares por venta de activos en cripto, pero hasta ahora no se habría probado que fuera el titular real de esos bitcoins. La fiscalía analiza también la coherencia entre lo que Adorni afirmó haber gastado de su patrimonio —unos 179.000 dólares— para refacciones en su vivienda y la versión del contratista Matías Tabar, que declaró haber cobrado 245.000 dólares, una diferencia que refuerza las sospechas sobre gastos no declarados y origen de fondos sin respaldo documental.
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