La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intimó formalmente a Matías Tabar, el contratista que realizó las refacciones en la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá. El organismo le dio un plazo máximo de diez días para que presente una justificación detallada de sus ingresos de 2024 y 2025, junto con el desglose de su actividad real, facturación, detalles de obra y compras a proveedores. Desde la oposición denunciaron que se trata de una maniobra de amedrentamiento destinada a obstruir la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La intimación también exige explicaciones sobre el patrimonio personal de Tabar, incluyendo operaciones de compra y venta de camionetas y un automóvil, así como el origen de los fondos utilizados para la adquisición de dólares en los períodos fiscalizados. El movimiento de ARCA se produjo pocas semanas después de que el contratista declarara ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa que investiga el patrimonio de Adorni, lo que encendió las alarmas de la oposición por la proximidad temporal entre su testimonio y el inicio de la fiscalización tributaria.
En su declaración judicial, Tabar aportó datos clave sobre la reforma de la vivienda de Adorni, cuyo costo total estimó en 245.000 dólares. Detalló que los pagos se realizaron en efectivo y sin factura, en dos etapas: 55.000 dólares en 2024 y 190.000 dólares en 2025. Además, señaló un gasto adicional de 13.000 dólares que el jefe de Gabinete habría destinado al alquiler de otra casa dentro del mismo barrio privado mientras se ejecutaban las obras. El contratista también entregó su teléfono celular a la Justicia para que se analicen los intercambios con el matrimonio Adorni durante los diez meses que duraron los trabajos.
La reacción política fue inmediata: la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia ante el juez de la causa, acusando al entorno de Adorni de usar el aparato del Estado para intimidar testigos. En su escrito, advirtió que el despliegue de fiscalizaciones tributarias sobre quienes colaboran con la Justicia, en estrecha cercanía a sus declaraciones, puede generar un efecto inhibitorio sobre futuras testimoniales. Subrayó además que ARCA depende del Poder Ejecutivo y que, siendo el propio jefe de Gabinete uno de los investigados, la medida se configura como una forma de presión para disuadir a otros eventuales testigos.
Mientras tanto, la figura de Tabar cobró notoriedad pública en Exaltación de la Cruz, el municipio donde desarrolla su actividad. Socio del estudio Alta Arquitectura y proveedor histórico de la comuna bajo distintos signos políticos, se lo describe como un profesional de perfil bajo y aficionado al triatlón, ideológicamente cercano al oficialismo. El vínculo con Adorni se tensó tras la exposición del caso: antes de declarar en Comodoro Py, mantuvo una conversación telefónica de unos diez minutos con el funcionario, quien le habría ofrecido la “ayuda” de su equipo, propuesta que el contratista rechazó. Hoy transita la atención mediática con incomodidad y, según confió a su entorno, si percibe que la presión oficial continúa, está dispuesto a revelar los detalles que aún no hizo públicos.
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