
La crisis institucional en Bolivia se ha intensificado con nuevas protestas en La Paz, donde miles de manifestantes salieron a las calles para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Este nuevo estallido social se produce tras el llamado del expresidente Evo Morales a convocar elecciones anticipadas y a demandar un cambio en el liderazgo del país, en medio de una creciente escasez de combustible, alimentos y medicamentos.
Los manifestantes, equipados con pancartas y carteles, expresaron su descontento con el gobierno actual, creando un ambiente de tensión que resultó en episodios de represión por parte de las fuerzas de seguridad. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, que respondió con petardos y gritos de "¡Que renuncie Paz, ahora!". La situación se volvió más complicada con el avance de manifestantes encapuchados desde la ciudad vecina de El Alto hacia La Paz.
Rodrigo Paz, un centroderechista que recientemente anunció una reducción de su sueldo a la mitad como muestra de austeridad, ha declarado que Bolivia se encuentra en una situación económica crítica. Durante un discurso en Sucre, el presidente afirmó que la nación está buscando superar sus diferencias a través del diálogo, aunque insistió en que no negociará bajo "la presión del hambre". Su llamado a levantar los bloqueos en las rutas ha sido ignorado hasta ahora por los sectores que mantienen la protesta.
El mandatario también describió la crisis como "un parto doloroso pero necesario" para transformar la estructura de poder en el país, que, según él, ha estado concentrado en un solo partido político durante demasiado tiempo. A pesar de los bloqueos que han causado millonarias pérdidas, Paz se mostró optimista al afirmar que Bolivia podría alcanzar un récord en exportaciones en 2026, algo que no se había visto en más de una década.
Esta situación se convierte en una prueba de fuego para el presidente Paz, mientras Evo Morales continúa instándolo a renunciar de manera institucional. Morales ha propuesto que la solución a la crisis pasa por una transición y la convocatoria a elecciones en un plazo de 90 días, advirtiendo que la pacificación del país es crucial para evitar más muertes y heridos. La crisis se ha agravado debido a que el gobierno ha ignorado reclamos de mejoras salariales y denuncias sobre combustibles adulterados que han dañado vehículos en todo el territorio nacional.























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