La administración de Javier Milei ha implementado la controversial ley de "Inocencia Fiscal", permitiendo a funcionarios y exfuncionarios evitar el escrutinio sobre el crecimiento de sus patrimonios. Esta medida, presentada como un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, ha sido aprovechada por al menos veinte miembros de La Libertad Avanza, generando críticas por su falta de transparencia.
El caso de Manuel Adorni y su esposa, quienes evitaron declarar el crecimiento de su patrimonio, ha puesto el foco en esta maniobra. Adorni, junto a otros como Federico Sturzenegger y José Luis Espert, han utilizado la ley para protegerse de investigaciones sobre sus bienes, lo que ha levantado sospechas sobre la ética de esta autoamnistía.
La ley permite declarar solo los ingresos facturados, ignorando cualquier aumento en el patrimonio personal. Esta situación ha sido descrita como un "sueño para el evasor", permitiendo a los involucrados gastar sin tener que justificar la procedencia de los fondos. La lista de beneficiarios sigue creciendo, incluyendo a figuras como Joaquín Benegas Lynch y Santiago Viola.
El contraste con amnistías anteriores, como la de Mauricio Macri, es notable. Mientras que el blanqueo macrista incluía restricciones para funcionarios y sus familiares, la "Inocencia Fiscal" de Milei no establece tales limitaciones, permitiendo un uso más amplio de sus beneficios.
La controversia se intensifica con el uso de esta ley por parte de figuras mediáticas cercanas a Milei, como Eduardo Feinmann, quienes también han optado por evitar el control fiscal. La medida ha sido criticada por facilitar el ocultamiento de posibles irregularidades patrimoniales, poniendo en duda el compromiso del gobierno con la transparencia.
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