
El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a apuntar contra el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, por las inconsistencias de su declaración jurada y afirmó que “si fuera peronista estaría preso”, en referencia a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el funcionario. Según el mandatario, el trato que recibe Adorni por parte de la Justicia sería “mucho más severo” si perteneciera al peronismo, lo que, a su entender, evidencia una doble vara en los casos que involucran a dirigentes de distinto signo político.
Kicillof ironizó además sobre la explicación de Adorni, quien afirmó que parte de su patrimonio provendría de un pendrive con criptomonedas valuado en cientos de miles de dólares. “Yo estoy buscando un pendrive para la Provincia, pero para los recursos de la Provincia”, lanzó, remarcando que una suma así tendría un fuerte impacto en las arcas bonaerenses y utilizando el comentario para subrayar la magnitud del dinero que el jefe de Gabinete dijo haber manejado.
El gobernador hizo estas declaraciones en actividades oficiales, donde también cuestionó que un caso de este tamaño se mantenga, a su juicio, en un terreno de ambigüedad judicial, mientras otros dirigentes son rápidamente procesados o detenidos. En esa línea, sostuvo que “si esto le pasara a un peronista, ya estaría preso o enfrentando múltiples juicios”, frase que se transformó en uno de los ejes de la discusión pública en torno al expediente que involucra al funcionario nacional.
Kicillof vinculó el episodio con una crítica más amplia a la gestión económica y política del gobierno libertario y al rol de su jefe de Gabinete, a quien acusó de falta de transparencia. Para el mandatario provincial, la polémica por la declaración jurada de Adorni no es un hecho aislado, sino una muestra de las contradicciones entre el discurso de “anticasta” y el comportamiento patrimonial de algunos de los principales referentes del oficialismo.
El caso, amplificado por las declaraciones del gobernador y por la repercusión mediática de la defensa de Adorni, alimenta reclamos de mayor control y explicaciones detalladas sobre el origen y la justificación de los fondos del jefe de Gabinete. Mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la discusión pública gira en torno a la necesidad de reglas claras y uniformes para todos los funcionarios, sin diferencias según su pertenencia política, tal como insistió Kicillof en sus últimas apariciones.






















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