El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a desnudar la magnitud del ahogo financiero que la gestión de Javier Milei impone sobre la provincia de Buenos Aires: según los datos actualizados que presentó en Casa de Gobierno, la deuda acumulada de la Nación ya trepa a $26,7 billones, cifra que describió en “términos que la gente conoce” al equipararla a decenas de miles de pendrives como los que reparte el vocero presidencial Manuel Adorni. Para la administración de Axel Kicillof, ese monto no es un problema contable sino la expresión de un modelo de “superávit” construido recortando jubilaciones, educación, salud y fondos coparticipables a las provincias.
Bianco detalló que solo por transferencias previsionales no realizadas de ANSES a la caja jubilatoria bonaerense la Nación ya acumula una deuda de unos $2,5 billones, eje del reclamo que la Provincia llevó a la Corte Suprema por la decisión del gobierno libertario de cortar esos giros por decreto. A eso se suma una deuda por compensaciones del Consenso Fiscal que el funcionario ubicó en alrededor de $1,2 billones, además de los fondos docentes del FONID, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para seguridad, programas de salud y una larga lista de convenios que el Ejecutivo nacional dejó de cumplir. Solo en obras públicas —vivienda, escuelas, universidades y otros proyectos que quedaron abandonados— la Provincia calcula un recorte de $9,6 billones, con 180 obras paralizadas en territorio bonaerense.
En paralelo al reclamo político, Kicillof y su gabinete sostienen una disputa judicial clave ante la Corte Suprema por la deuda previsional: la demanda por los fondos que ANSES dejó de transferir al Instituto de Previsión Social bonaerense ya supera los $2,2–2,3 billones, luego de que Milei suspendiera por DNU las transferencias que la Nación estaba obligada a girar para cubrir el déficit de las cajas no transferidas. Tras tres audiencias sin propuesta concreta de pago por parte del Gobierno nacional, la Provincia dio por cerrada la instancia de negociación y pidió al máximo tribunal que destrabe una medida cautelar para obligar a la Casa Rosada a reanudar los giros mientras se resuelve el fondo del litigio.
Según la contabilidad bonaerense, el núcleo de deuda directa de la Nación con la Provincia ronda los $17,8 billones, pero si se suman la caída de recursos coparticipables y otros ingresos que se desplomaron por decisiones de Milei, el “agujero” total asciende a los $26,7 billones que denunció Bianco. Kicillof ya advirtió que ese desfinanciamiento equivale a casi la mitad del presupuesto anual de la provincia y lo tradujo en bienes concretos: con ese dinero podrían comprarse cerca de 300 mil patrulleros, más de 120 mil ambulancias o más de 20 mil escuelas nuevas, mientras hoy se usan para mostrar un superávit nacional a costa de jubilados, docentes, estudiantes y bonaerenses. Para el gobierno provincial, la estrategia de Milei no es otra cosa que un “default interno” contra las provincias, que traslada el costo del ajuste al territorio y deja a la Corte Suprema como único freno institucional posible.
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