El gobierno de Javier Milei atraviesa una de sus horas institucionales más críticas por el escándalo patrimonial que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya continuidad ya es cuestionada no solo por el peronismo sino también por aliados clave como el PRO, la UCR y el interbloque federal Provincias Unidas. Las inconsistencias en sus declaraciones juradas y la admisión de “ahorros en negro” transformaron un problema defensivo del oficialismo en un conflicto abierto con el Congreso y con parte de su propia base de sustentación política.
El giro más fuerte vino del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, que junto a la senadora Alejandra Vigo y un grupo de diputados sostuvo que Adorni “mintió al pueblo argentino y ante el Congreso” y que su permanencia es “insostenible”. Ese pronunciamiento, respaldado por legisladores como Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo, exhibe que la incomodidad ya no se limita a la oposición kirchnerista sino que se extiende a espacios que el oficialismo necesita para aprobar sus leyes.
En Diputados, un arco que reúne a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y las monobloquistas Natalia de la Sota y Marcela Pagano pidió una sesión especial para el 23 de junio con el objetivo de interpelar a Adorni y someterlo a una moción de censura. El funcionario quedó en el centro de la tormenta tras justificar unos 500.000 dólares como dinero hallado en la casa de su padre o ganancias en criptomonedas, mientras figuras como Maximiliano Ferraro lo describieron como un “ladronzuelo de guante blanco” y pusieron en duda el origen de su patrimonio.
En el frente judicial, el fiscal Gerardo Pollicita analiza gastos, deudas y movimientos que superarían los 700.000 dólares y evalúa posibles delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa y hasta falsificación de documentos públicos tras la rectificación de sus declaraciones juradas. Al mismo tiempo, la vicepresidenta Victoria Villarruel exigió que Adorni cumpla con su obligación constitucional de rendir cuentas ante el Senado, instancia que el jefe de Gabinete viene evitando desde que asumió, mientras dirigentes aliados como Patricia Bullrich hablaron de una “omisión ética” que deberá ser dilucidada por la Justicia.
Pese a la escalada de cuestionamientos y a que sectores aliados impulsan su salida para descomprimir la situación, Milei mantiene su respaldo a Adorni y presenta el embate parlamentario como un intento de “voltear al Gobierno”. Sin embargo, la combinación de moción de censura, investigación penal, presión de bloques amigos y deterioro de la imagen pública del oficialismo configura un escenario en el que sostener al jefe de Gabinete se vuelve cada vez más costoso políticamente y convierte el “caso Adorni” en el eje de la crisis política libertaria.
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