El gobierno de Javier Milei avanza con un fuerte recorte sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a través de un esquema de retiros voluntarios que, en los hechos, ya implicó la salida de 757 trabajadores en lo que va del año, con la meta explícita de reducir en torno al 20 % una planta cercana a los 5.750 agentes. Este proceso, que tiene como ejecutor visible al “gerente estratégico” de Personal, Juan Pablo Mansilla, se inscribe en la política general de ajuste del Estado impulsada por el equipo económico encabezado por Luis Caputo y Federico Sturzenegger, con el aval del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.
Las desvinculaciones abarcan técnicos, especialistas, investigadores y profesionales con alta calificación, lo que desde dentro del organismo y en el sistema científico se denuncia como una pérdida de capital intelectual difícilmente recuperable. Trabajadores y gremios señalan que se trata de personal con amplia trayectoria en extensión rural y transferencia de tecnología al sector productivo, cuyos puestos quedan vacantes en áreas clave. El INTA cumple funciones estratégicas que el mercado no cubre —como la generación de informes climáticos, el desarrollo de semillas adaptadas a distintas regiones y soluciones para el control de plagas—, por lo que el recorte se percibe como un riesgo directo para la soberanía tecnológica y para la situación de pequeños y medianos productores, más expuestos a contingencias climáticas y sanitarias.
En paralelo al ajuste de personal, el Ejecutivo puso la mira en el patrimonio territorial del INTA: unas 101.500 hectáreas distribuidas en todo el país. La intención oficial es rematar casi la mitad de esa superficie, argumentando que alrededor de 47.500 hectáreas estarían “sin explotación” por problemas de infraestructura, tenencia o accesibilidad. Esta versión fue cuestionada por relevamientos técnicos —como los difundidos por AAPRESID— que sostienen que no hay tierras en desuso, sino predios afectados a ensayos, conservación, experimentación y apoyo a la producción. Sectores críticos advierten que el desguace de tierras podría funcionar como una “devolución de favores” hacia desarrolladores e intereses inmobiliarios cercanos al oficialismo, transformando patrimonio público en un activo de mercado.
El avance sobre el organismo generó una fuerte reacción sindical y judicial. Asociaciones de trabajadores, como APINTA y ATE, denuncian un “vaciamiento” del INTA, describen los retiros voluntarios como una forma de despido encubierto y alertan sobre el cierre o debilitamiento de agencias de extensión en el interior del país. En este contexto, la Justicia federal dictó una medida que ordena suspender por seis meses los despidos y recortes en el organismo, frenando parcialmente la implementación del esquema de retiros y obligando al Gobierno a revisar su estrategia de ajuste sobre uno de los principales pilares de la ciencia y la tecnología aplicadas al sector agropecuario argentino.
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