
El horizonte judicial de Manuel Adorni se oscureció tras su salida del gobierno de Javier Milei, al incorporarse a la causa por presunto enriquecimiento ilícito nuevas pruebas que incluyen audios comprometedores y un esquema de compras personales realizadas con tarjetas de crédito de funcionarios a su cargo. Estas evidencias fueron aportadas al fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py y apuntan tanto a la forma en que el ex jefe de Gabinete se movió frente a la investigación como a su patrón de consumo, que habría excedido ampliamente sus ingresos declarados. En paralelo, el propio Milei salió públicamente a respaldarlo, afirmando que sigue confiando en su inocencia y cuestionando que se lo “condene” sin sentencia firme.
El primer punto crítico son los audios enviados por Adorni a Matías Tabar, el contratista que realizó las refacciones en su casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, poco antes de que declarara como testigo en la causa. En esos mensajes de voz, el ex funcionario le ofrece “todo el soporte” que necesite y le asegura que hizo lo mismo “con todos”, formulaciones que los investigadores interpretan como un intento de influir en su testimonio. Tabar rechazó ese acercamiento y, ante Pollicita, declaró que las obras en la casa de campo tuvieron un costo de 245.000 dólares, abonados en efectivo y sin registrar, lo que refuerza las sospechas sobre el origen y la trazabilidad del patrimonio de Adorni.
El segundo frente de conflicto surge de la declaración de Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, quien confirmó ante la Justicia que le prestó su tarjeta de crédito personal para que Adorni comprara un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8 por 2.184.999 pesos en agosto de 2025. La operación se realizó a través de la cuenta de Mercado Pago del ex funcionario y, según Schiuma, él le devolvió el monto en efectivo, práctica que deja sin rastro bancario directo sobre quién afrontó realmente el gasto. Este episodio se suma a otras compras detectadas en la investigación, donde se observa que Adorni vinculó tarjetas de terceros a sus cuentas digitales para financiar consumos de alto monto.
El uso de tarjetas ajenas no se habría limitado a Schiuma: la Justicia identificó también operaciones realizadas con la tarjeta de Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno en la Vocería Presidencial. Con ese plástico se habrían adquirido dos proyectores Epson de alta gama destinados a videojuegos, por unos 1.831.795 pesos cada uno, lo que lleva el total combinado de monitor y proyectores a cerca de 5,85 millones de pesos en equipamiento de entretenimiento. Los investigadores analizan si este patrón de compras gamer, canalizadas con tarjetas de empleados transitorios y luego canceladas en efectivo, forma parte de una maniobra para ocultar consumos que no se condicen con los ingresos oficiales del ex jefe de Gabinete.
Estos hallazgos se producen en un clima de alta tensión política para el oficialismo, luego de la renuncia de Adorni y su reemplazo por Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete. Mientras el expediente suma audios, facturas y registros de operaciones digitales, Milei insiste en que no puede condenarse a “un hombre inocente” sin resolución judicial, pero la acumulación de indicios sobre refacciones millonarias pagadas en efectivo y compras de lujo con tarjetas de subalternos convierte el caso en un foco de desgaste político y judicial que puede seguir escalando a medida que avance la investigación de Pollicita.



















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