Manuel Adorni pasó en pocas semanas de afirmar ante el Congreso que en sus declaraciones juradas “nunca existió ocultación alguna” a reconocer públicamente que omitió declarar más de medio millón de dólares ahorrados “en negro”. Esta rectificación llegó en medio de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, y luego de múltiples intervenciones mediáticas en las que había negado cualquier irregularidad en su patrimonio.
El cambio de versión es central: el 29 de abril, en su informe de gestión, aseguró que todas sus declaraciones incluían “todos los detalles” de sus bienes y negó enfáticamente cualquier ocultamiento. Tras revelarse inconsistencias, terminó admitiendo en televisión que durante años mantuvo ahorros no declarados y que arrastró ese “error” cuando ya era funcionario, contradiciendo de manera frontal su discurso previo ante el Congreso y ante distintos medios.
En la nueva documentación, Adorni incorporó unos 513.000 dólares que atribuye a ganancias en inversiones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, montos que nunca habían figurado en sus declaraciones oficiales. Reconoció que esos fondos eran ahorro no declarado y llegó a justificarlo diciendo que él y su esposa “ahorraron en negro” como, según su argumento, lo haría “la mayoría” de los argentinos, admitiendo así una conducta sistemática de evasión que había negado hasta que la Justicia y la prensa pusieron su patrimonio bajo la lupa.
Las rectificativas alcanzan sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024 y sus presentaciones impositivas desde 2020, un arco de más de veinte declaraciones juradas que, según el análisis crítico de especialistas y columnistas, estuvieron mal o incompletamente informadas y ahora se intentan “blanquear” al calor del nuevo régimen simplificado de Ganancias. El giro discursivo también es funcional: desplaza el foco desde el posible enriquecimiento ilícito hacia la figura de evasión fiscal, en un contexto en el que sigue imputado y obligado a explicar el salto de su patrimonio.
A esto se suman los bienes heredados de su padre y una serie de operaciones inmobiliarias —casas y departamentos, remodelaciones de alto costo— que Adorni ahora intenta encuadrar dentro de una “fortuna previa” a su ingreso al Gobierno, pese a que él mismo reconoce que recién empezó a vivir con un nivel de vida mucho más alto a partir de diciembre de 2023. Esa brecha entre el relato público y la reconstrucción detallada de su patrimonio alimenta la sospecha de que las omisiones no fueron un simple descuido formal sino parte de un esquema sostenido en el tiempo.
Mientras tanto, Adorni se presenta como víctima de un “tribunal mediático” y sostiene que el objetivo real de las denuncias es dañar al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, las sucesivas contradicciones, las rectificaciones forzadas por la investigación judicial y la confesión de haber acumulado durante décadas ahorros no declarados refuerzan la lectura de que viene mintiendo desde hace mucho sobre la verdadera dimensión y el origen de su patrimonio.
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