Patricia Bullrich aprovechó el escándalo en torno al patrimonio de Manuel Adorni para tomar distancia y marcar una línea ética propia dentro del oficialismo, al calificar la conducta del jefe de Gabinete como algo que “es más que un error, es una omisión ética”. En plena celebración de sus 70 años, y mientras recibía saludos públicos de Javier Milei y otros dirigentes, la presidenta de la bancada libertaria en el Senado eligió endurecer el tono contra uno de los funcionarios más expuestos del Gobierno, cuestionando no sólo la prolijidad formal de sus declaraciones juradas, sino el estándar moral que estas revelan.
En declaraciones a La Nación, Bullrich subrayó que “nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, dejando implícito que el caso Adorni choca con ese principio y debe ser tratado como algo más grave que una simple desprolijidad administrativa. Al mismo tiempo, dejó en claro que será la Justicia la que deba determinar si hubo o no delito, pero el mensaje político fue contundente: para ella, la conducta ya es reprochable en el plano ético, independientemente de cómo termine el expediente penal.
El posicionamiento no es aislado ni sorpresivo: en mayo Bullrich había sido la primera voz del oficialismo en exigirle a Adorni que apurara la presentación de su declaración jurada, advirtiendo que no había motivos para seguir demorando algo que él aseguraba tener listo. En esa oportunidad marcó que la falta de “contundencia y rapidez” le generaba un costo al Gobierno y que, si no se actuaba con firmeza, “el proyecto sufre”, anticipando la tensión entre el relato de transparencia y las explicaciones cambiantes del jefe de Gabinete.
El trasfondo de esta nueva crítica es la rectificación patrimonial de Adorni: el funcionario presentó declaraciones juradas modificadas ante la Oficina Anticorrupción y ARCA, incorporando activos que antes no figuraban, entre ellos más de 300.000 dólares producto de supuestas inversiones en Bitcoin entre 2013 y 2018, que había atribuido a un “error” de omisión. Esa revisión contradice lo que él mismo dijo en el Congreso el 29 de abril, cuando aseguró que “nunca existió ocultación alguna” en su patrimonio, y deja en entredicho también su explicación sobre la compra del departamento en Caballito, que ahora describe como “una operación entre amigos”.
Bullrich viene acumulando gestos de autonomía respecto de la Casa Rosada, y el caso Adorni se inscribe en esa secuencia. Ya se había diferenciado de Javier Milei y de Karina Milei al negarse a respaldar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, pese a que el rechazo oficial estaba motivado por su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, crítico del Gobierno. Incluso comunicó directamente al Presidente que invocaría “objeción de conciencia” frente a esa decisión y terminó absteniéndose en la votación del Senado, consolidando un perfil propio dentro del bloque libertario.
En este contexto, su definición del caso Adorni como “omisión ética” funciona en dos planos: por un lado, refuerza su imagen de dirigente que exige estándares más altos de transparencia incluso a los propios; por otro, expone la fragilidad del discurso moral del Gobierno cuando mantiene el respaldo político a un funcionario que tuvo que reescribir su patrimonio tras negar cualquier ocultamiento. La tensión interna queda así más nítida: mientras Milei cierra filas detrás de Adorni, Bullrich aprovecha cada paso en falso del jefe de Gabinete para diferenciarse y fortalecer su propia posición dentro del oficialismo.
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