Miguel Ángel Pichetto reclamó que el Congreso de la Nación intervenga para declarar la nulidad de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, al considerar que el fallo coloca a la democracia argentina en una situación de “extrema fragilidad” y configura un caso de “gravedad institucional”. El diputado de Encuentro Federal sostuvo que el Parlamento tiene “facultades inherentes” para revisar y anular decisiones judiciales cuando, a su juicio, están viciadas de irregularidades y afectan el equilibrio de poderes.
El planteo se formalizó en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y fue luego reforzado a través de un mensaje en X, donde Pichetto cuestionó con dureza el proceso que culminó con la condena de seis años a la expresidenta, ratificada por la Corte Suprema. Aseguró que “se alteraron las reglas desde el primer día”: mencionó el cambio de juez para integrar el tribunal, la designación de un fiscal destinado originalmente a Rosario para causas de narcotráfico y la limitación de las vías de apelación, elementos que, en su visión, vulneraron las garantías básicas del debido proceso.
Pichetto también puso el foco en el rol de la Corte Suprema, argumentando que sus integrantes no reunían condiciones de imparcialidad porque venían de enfrentar un juicio político impulsado por el espacio político de la propia acusada. Bajo ese razonamiento, planteó que el máximo tribunal debió apartarse y que, al no hacerlo, contribuyó a consolidar un fallo “viciado” que habilita la intervención del Congreso. “Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados”, afirmó, al defender la posibilidad de que el Poder Legislativo declare la nulidad absoluta de la sentencia.
En paralelo, el diputado introdujo un argumento de alcance más amplio: sostuvo que la conducta de un presidente o expresidente no debería ser evaluada por los mecanismos ordinarios aplicados en la causa Vialidad, sino a través de un procedimiento especial. En ese esquema, señaló que un jefe de Estado tendría que ser investigado por la Corte, acusado por el procurador general y defendido en un marco procesal diferenciado, lo que implicaría revisar los criterios vigentes sobre responsabilidad penal de los máximos cargos del Ejecutivo.
El movimiento de Pichetto se inscribe en un contexto político particular: se conoce meses después de su reunión con Cristina Kirchner en el departamento de San José 1111, en Constitución, un encuentro que marcó un nuevo acercamiento tras años de distanciamiento y su paso por alianzas opositoras. Su propuesta de que el Congreso discuta la nulidad o modificación de un fallo de la Corte ya generó una fuerte polémica en el sistema político, al tensionar la clásica doctrina de división de poderes y abrir un debate sobre hasta dónde pueden llegar las facultades del Parlamento frente a decisiones firmes del Poder Judicial.
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