Sectores de la oposición denunciaron una embestida de La Libertad Avanza (LLA) contra la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo autárquico del Palacio Legislativo encargado de elaborar proyecciones e informes económicos clave para el debate parlamentario. Las acusaciones apuntan a un desfinanciamiento deliberado y a una “intervención de hecho” orientada a frenar la difusión de datos sobre recortes presupuestarios en áreas sensibles, mientras que el mileísmo responde que solo se trata de una auditoría dispuesta dentro de los mecanismos formales de control.
La diputada de Unión por la Patria Julia Strada advirtió, a través de su cuenta de X, que “el gobierno libertario y su bloque se quieren llevar puesto el funcionamiento de la OPC” y detalló que el mes pasado se le recortaron 55 millones de pesos mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial el 11 de mayo y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Vinculó este ajuste al “secretismo” con el que el Gobierno maneja temas sensibles como el swap con Scott Bessent, los envíos de oro del BCRA a Londres o la capitalización de intereses de la deuda, y recordó que la OPC fue creada por la ley 27.343 en 2016 como organismo técnico autónomo, con directores elegidos por concurso público, para calcular las implicancias de los proyectos de ley y elaborar análisis presupuestarios y fiscales.
En la misma línea, el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez afirmó que “por orden de Milei y Adorni, intervienen la OPC” y describió al ente como un pequeño equipo de profesionales altamente calificados, cuya conducción también fue designada por concurso. Según Rodríguez, la intervención de hecho se expresa en que la oficina dejó de publicar los informes técnicos que habitualmente difundía en forma periódica, lo que paraliza su rol de insumo neutral para el Congreso. Fuentes parlamentarias apuntan que la Comisión Bicameral Especial de Supervisión Parlamentaria de la OPC –presidida por los mileístas Agustín Monteverde en el Senado y Bertie Benegas Lynch en Diputados– ordenó una auditoría del organismo, mientras distintas voces opositoras calificaron el operativo como “una invasión política” y relataron que un grupo de unas diez personas ingresó a la OPC y colocó precintos en dependencias internas.
La Bicameral, además de Monteverde y Benegas Lynch, está integrada por Daiana Fernández Molero (PRO), Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y Silvana Schneider (UCR), mientras que aún resta cubrir un lugar por el Senado, en un contexto en el que el peronismo reclama más representación en las comisiones de la Cámara alta. Dentro de la oposición remarcan que el problema no es la auditoría en sí, sino la “mordaza” que, sostienen, se le impuso al organismo: aseguran que la OPC se encuentra prácticamente “parada” y sin poder publicar sus informes, lo que a su juicio configura un mecanismo de presión política sobre una oficina que fue pensada para mantener independencia técnica frente a los vaivenes del Ejecutivo.
Además de asistir a los legisladores y medir el impacto fiscal de los proyectos que se tratan en el Congreso, la OPC publica mensualmente la ejecución presupuestaria del Estado nacional. Dirigentes opositores sospechan que las mediciones de mayo podrían mostrar un aumento de los recursos destinados a inteligencia y una caída en rubros como salud y educación, lo que explicaría el intento de silenciar sus reportes. Desde el oficialismo, en cambio, niegan cualquier intervención y sostienen que la Bicameral solo está ejerciendo sus facultades de supervisión y transparencia sobre el organismo, sin ordenar ni avalar la censura de informes ni la interrupción de su tarea técnica.
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